* CADUCA *

   La Legislatura de  la Provincia de  Tucumán, sanciona con
fuerza de

                           L E Y :

   Artículo 1º.- Modifícanse  los  artículos 34, 36, 62, 73,
74,  92,  96, 121, 141,  185, 203, 255,  268, 272, 281, 283,
301, 307, 317, 319, 332, 335, 336, 348, 356, 358, 359,  361,
404, 450, 460, 462, 471, 475, 476,  477, 478 y 533 de la Ley
Nº 6.203 (Código Procesal  Penal de Tucumán) y sus modifica-
torias en la forma que a continuación se transcribe:

          Art. 34.- Cámara  en lo  Penal de  Instrucción. La
Cámara en lo Penal de  Instrucción juzgará  en única instan-
cia los delitos cuyo conocimiento no se atribuya a otro Tri-
bunal y  conocerá de los recursos que se deduzcan contra las
resoluciones de los  Jueces en  lo Penal de Instrucción y de
las cuestiones  de competencia que se  suscitaren  entre los
Tribunales Jerárquicamente inferiores del fuero.

          Art. 36.- Juez de Instrucción. El Juez de Instruc-
ción practicará la  investigación  jurisdiccional en el caso
previsto en el art. 340, las medidas que le correspondan du-
rante la  investigación  fiscal, y la investigación  sumaria
prescripta por el artículo 14.
          Además, hasta  tanto se  instrumenten los Juzgados
Contravencionales  creados  por Ley  Nº 6.756, entenderá  en
grado de apelación y en última instancia de las resoluciones
definitivas de carácter punitorio dictadas por la Provincia,
por  las  Municipalidades  y  por los  tribunales de faltas,
cualquiera fueren las penas impuestas y por las que en mate-
ria  contravencional  dictare  la  policía  de la Provincia.
(texto según Ley Nº 6.414).
          En estos casos, el Juez  resolverá el recurso pre-
via audiencia del infractor a quien informará detalladamente
del hecho que se le atribuye, pudiendo este manifestar cuan-
to tenga por conveniente en su  descargo y producir  toda la
prueba que no requiera substanciación. Si esta fuera necesa-
ria se fijará  un plazo para su producción, que no podrá ex-
ceder de cinco días. Podrá asistir  a la audiencia el Asesor
Letrado y/o representante de la autoridad administrativa que
dictó la resolución definitiva recurrida.
          Si el apelante lo pidiere en oportunidad de inter-
ponerse el recurso, podrá  suplirse la realización de la au-
diencia con  un informe escrito que  deberá  presentar en la
fecha fijada, al que podrá  adjuntarse la prueba  que no re-
quiera diligenciamiento. La fecha  fijada deberá notificarse
a la autoridad administrativa  que dictó la resolución recu-
rrida, la que  podrá también presentar su informe.
          En todos los casos de éste artículo el juez deberá
dictar  sentencia  definitiva dentro de los diez días  desde
que lo  autos se  encuentren en condiciones de  resolver. La
sentencia pronunciada será irrecurrible conforme  al Art. 12
de la Ley Nº 6.756. Una  vez firme se  devolverán las actua-
ciones a la autoridad  administrativa  en el término de tres
días para su cumplimiento.

          Art. 62.- Oportunidad  de la  inhibición. Prohibi-
ción del  profesional. El juez deberá  inhibirse cuando  co-
nozca alguno  de los motivos  que  prevé  el art. 60, aunque
hubiera intervenido antes en el proceso.
          Después que  un juez  haya empezado  a conocer  de
causas en  que no estaba  impedido, no  podrán intervenir en
ella  los  abogados  y procuradores cuya  intervención pueda
producir la separación del juez por cualquiera de las causas
expresadas en este capítulo.

          Art. 73.- Fiscal de Cámara y  Correccional. Además
de las funciones  acordadas por la  Ley, el Fiscal de Cámara
actuará durante el juicio  ante el Tribunal  respectivo y en
los  recursos deducidos  ante ella en  la forma prevista por
este Código.
          Podrá llamar al Fiscal  de Instrucción en lo Penal
que haya intervenido en la investigación penal preparatoria,
por intermedio del Tribunal en los siguientes casos:

          1) Cuando se trate de un  asunto complejo para que
le suministre informaciones o coadyuve con él incluso duran-
te el debate.
          2) Si estuviera en desacuerdo  fundamental  con el
requerimiento fiscal o  le fuere  imposible actuar  para que
mantenga oralmente la acusación.
          Iguales  atribuciones tendrá  el  Fiscal en lo Co-
rreccional.

          Art. 74.- Fiscal de Cámara  de Apelaciones. Además
de las funciones acordadas por esta Ley, el Fiscal de Cámara
de Apelaciones  actuará  en los  recursos deducidos ante las
Salas en la forma prevista en este Código.

          Art. 92.- Oportunidad. Trámite. La instancia podrá
formularse a partir de iniciada  la investigación y hasta su
clausura o dictada sentencia de sobreseimiento.
          El pedido  será resuelto por el Fiscal por decreto
fundado o por el Juez de  Instrucción, en los casos del art.
340, en el plazo de tres días.

          Art. 96.- Víctima  del  delito. Se  garantizará  a
quienes  aparezcan como víctimas o damnificados los siguien-
tes derechos:

          1) A recibir un trato digno y respetuoso;
          2) A  obtener información  sobre el  estado  de la
causa, situación  del imputado, la marcha  del procedimiento
en general y en particular sobre el resultado de la investi-
gación, la fecha, hora y lugar del juicio, así como la
sentencia final; o de cualquier acto  que dé por concluido o
suspendido el proceso;
          3) A que se hagan mínimas las  molestias que deban
irrogarsele con motivo del procedimiento;
          4) A la salvaguarda de  su intimidad  en la medida
compatible con el procedimiento regulado por este Código;
          5) A la protección  de su seguridad, la de sus fa-
miliares y la de los testigos que depongan en su favor, pre-
servándolos de intimidaciones o represalias, sobre  todo  si
se trata de una investigación referida a actos de delincuen-
cia organizada;
          6) A requerir  el inmediato reintegro de los efec-
tos sustraídos y el  cese del  estado antijurídico producido
por el hecho investigado en las cosas o efectos de su perte-
nencia, cuando ello  corresponda según las disposiciones  de
éste Código; sin costo alguno.
          7) Cuando  fuere menor o incapaz, se le autorizará
a que durante  los actos  procesales sea acompañada por per-
sonas de su  confianza, siempre que  ello no  perjudique  la
defensa del imputado o los resultados de la investigación.

          Art. 121.- Defensa de  oficio. Cuando  el imputado
no elija oportunamente defensor, el fiscal  de Instrucción o
el  Tribunal  nombrará en tal  carácter al Defensor Oficial,
salvo que lo autorice a defenderse personalmente.
          Designado  el Defensor Oficial sólo podrá ser sus-
tituido por  otro Defensor Oficial si existieren causas gra-
ves para  su apartamiento a criterio del Fiscal, Juez o Tri-
bunal.

          Art. 141.- Resoluciones. Las  decisiones  del Tri-
bunal  serán dadas  por  sentencia, auto  o decreto. Dictará
sentencia para poner fin  al proceso; auto para  resolver un
incidente o artículo del mismo, o cuando este Código lo exi-
ja; decreto, en los  demás casos o cuando esta forma sea es-
pecialmente prescripta.

          Art. 185.- Conminación genérica.Se entenderá siem-
pre prescripta bajo  pena de nulidad de  observancia de  las
disposiciones concernientes:

          1) Al nombramiento, capacidad  y constitución  del
Tribunal.
          2) A la intervención del  ministerio público en el
proceso, y a su participación  en  los actos en
             que ella sea obligatoria.
          3) A la intervención, asistencia  y representación
del  imputado, en los casos y formas que la ley establece.
          4) A la intervención, asistencia  y representación
de las partes civiles, en  los casos y formas que la ley es-
tablece.
          5) A la intervención, asistencia  y representación
del querellante  particular, en los  casos de los arts. 332,
342, 348 y 352.

          Art. 203.- Registro. Si  hubiere motivos suficien-
tes  para presumir  que en  determinado  lugar existen cosas
pertinentes al delito, o que allí puede efectuarse la deten-
ción del imputado o de  alguna persona  evadida o sospechada
de criminalidad, el Tribunal  ordenará  por decreto fundado,
bajo pena de nulidad, el registro de ese lugar.
         El registro será requerido fundadamente por el Fis-
cal Instructor  debiendo expedirse el juez  dentro del plazo
de seis horas de recibido.
          Podrá también disponer de la fuerza pública y pro-
ceder personalmente o  delegar la diligencia en funcionarios
de la policia. En este caso, la orden, bajo pena de nulidad,
será  escrita, expresando el lugar, día y hora en que la me-
dida deberá  efectuarse y  el nombre  del comisionado, quien
actuará conforme al Capítulo 2 del presente título.

           Art. 255.- Procedencia. Podrá  ordenarse el careo
de personas que en sus declaraciones hubieran discrepado so-
bre hechos o circunstancias importantes. El imputado en nin-
gún caso será obligado a carearse. Tampoco lo será la vícti-
ma en  los casos de delitos  contra la honestidad (Libro Se-
gundo. Título III del Código Penal).
          Al careo del imputado  deberá asistir su defensor.
Si no lo hiciere será aplicable lo dispuesto en el art. 258,
última parte.

          Art. 268.- Situación  de libertad. Con las limita-
ciones dispuestas por este Código, toda  persona  a quien se
le atribuya la participación en un delito permanecerá en li-
bertad durante el proceso. A tal fin podrá exigirse:

          1) Prestar caución, salvo los casos de suma pobre-
za.
          2) Fijar y mantener un domicilio.
          3) Permanecer a  disposición del Tribunal y concu-
rrir a todas las citaciones que se le formulen.
          4) Abstenerse de realizar cualquier acto que puede
obstaculizar el  descubrimiento  de la verdad y la actuación
de la ley.
          5) En los procesos  por alguno de los delitos pre-
vistos en el Libro Segundo, Títulos 1, 3, y 5 Capítulo 1 del
Código  Penal, cometidos dentro de  un grupo familiar convi-
viente, aunque estuviese constituido  por uniones de hecho y
las circunstancias del caso permitieren presumir fundadamen-
te que pueden repetirse, el Juez podrá  disponer como medida
cautelar la  exclusión del  imputado  del hogar. Si este tu-
viese deberes de asistencia familiar y la exclusión  hiciere
peligrar  la subsistencia de los alimentados se dará  inter-
vención al Asesor de Menores, para que se promuevan las  ac-
ciones que correspondan".
          Asimismo, podrá  imponérsele  la  obligación de no
ausentarse de la  ciudad o lugar en que reside, no concurrir
a determinados  sitios, presentarse a  la autoridad los días
que  fije, o de someterse al cuidado o vigilancia de la per-
sona o  institución que  se  designe, quien informará perió-
dicamente al Tribunal.

          Art. 272.- Detención. Cuando  hubiere  motivo bas-
tante  para sospechar  que una persona ha  participado de la
comisión de un  hecho punible, se  ordenará su detención por
decreto  fundado, siempre  que  concurran las hipótesis pre-
vistas de los incs. 1 y 2 del art. 281.
          La detención será  requerida  fundadamente  por el
Fiscal Instructor y resuelta por el Juez dentro del plazo de
seis horas de recibido.
          La orden será escrita, contendrá los datos  perso-
nales del  imputado u otros  que sirvan para identificarlo y
la indicación del hecho que se le atribuya. Deberá ser noti-
ficada en el momento de ejecutarse o inmediatamente después.

          Art. 281.- Prisión  preventiva. Siempre  que exis-
tieren elementos de convicción suficientes para sostener co-
mo  probable la participación punible del imputado en el he-
cho investigado, después  de  recibida su  declaración, bajo
pena  de  nulidad, el Juez de Instrucción o el Tribunal dis-
pondrá su  prisión  preventiva, de oficio  o a requerimiento
del Ministerio Fiscal, según corresponda:

           1) Si se tratare  de  delitos de acción pública y
no aparezca procedente, prima facie, la condena de ejecución
condicional (Código Penal art.26).
           2) Cuando procediendo la condena condicional, hu-
biere vehementes indicios de que el imputado tratará de elu-
dir la acción de la justicia o entorpecer su investigación.
           3) Cuando se  trate  del  delito de abigeato o de
daños causados a las sementeras.
          La eventual existencia de estos peligros podrá in-
ferirse de  su falta de residencia, declaración de rebeldía,
sometimiento a proceso o cese de prisión preventiva anterior
o condena impuesta  sin que  haya transcurrido  el plazo que
establece el art. 50 del Código Penal.

          Art. 283.- Cesación. El Tribunal dispondrá por au-
to la cesación de la prisión preventiva, y ordenará la inme-
diata libertad del imputado si:

           1) Nuevos elementos de juicio  demostraren que no
concurren los motivos exigidos por el art. 281.
           2) Estimare  prima  facie  que  al imputado no se
lo privará de su libertad, en caso de condena por un  tiempo
mayor al de la prisión sufrida, aún por aplicación del  art.
13  del Código Penal.
           3) Su duración excediera de dos años, con la sola
excepción prevista en el párrafo siguiente.
           El Ministerio Público  podrá oponerse  cuando en-
tendiera que  existieron de parte de la defensa articulacio-
nes manifiestamente  dilatorias. El Tribunal deberá resolver
dentro del plazo de  cinco días previo  traslado. Si la opi-
nión fuese  aceptada no  se computarán  las demoras causadas
por aquellos artículos. El Ministerio Público podrá formular
aquella  impugnación si se  hubiese  opuesto por el carácter
dilatorio  de la  articulación de que se trate en la oportu-
nidad de tomar conocimiento de la misma. Dichos plazos
serán prorrogados  por seis meses  más cuando los  mismos se
cumpliesen  mediando sentencia condenatoria y ésta no se en-
contrare firme.
           4) Toda persona que se  considere  imputada de un
delito, en causa penal determinada, cualquiera sea el estado
en que ésta  se encuentre y hasta  el momento de dictarse la
prisión  preventiva, podrá, por si o por  terceros,solicitar
al Juez que entiende en aquélla, su exención de prisión.
           El Juez calificará el o los hechos de que se tra-
te, y cuando pudiere corresponderle al imputado un máximo no
superior a los seis (6) años de pena  privativa de la liber-
tad, podrá eximir de prisión  al imputado. No obstante ello,
también  podrá hacerlo si estimare prima facie que procederá
condena de ejecución condicional.

          Art. 301.- Procedencia y  Titularidad. Los delitos
de acción pública serán investigados  con arreglo a las dis-
posiciones del presente título.
          La investigación Penal preparatoria será practica-
da por el  Fiscal de Instrucción (Art. 328 y ss.) y  sólo en
los casos de excepción previstos taxativamente en el artícu-
lo 340 estará a cargo  del Juez en lo Penal  de Instrucción.
En el  supuesto  del párrafo  siguiente, estará a  cargo del
Fiscal de Instrucción  de oficio o por orden del  Juez en lo
Penal de Instrucción.
          Toda persona que  sufriere lesiones o maltrato fí-
sico o psíquico por  parte de alguno de los  integrantes del
grupo familiar podrá denunciar  estos hechos en forma verbal
o escrita y solicitar  medidas cautelares conexas ante cual-
quier funcionario  judicial o policial quienes  de inmediato
y  sin  más trámites deberán  comunicarlos ante el Fiscal de
Instrucción, para  que  se  expida dentro de un plazo que no
podrá exceder de 24 hs, sobre la procedencia de la misma.
         Cuando los damnificados fuesen menores o incapaces,
ancianos o discapacitados, los hechos  deberán ser denuncia-
dos por sus  representantes legales y/o el Ministerio Públi-
co. También estarán  obligados a  efectuar la  denuncia  los
servicios asistenciales  sociales o  educativos, públicos  o
privados, los  profesionales de  la salud y todo funcionario
público en razón de  su labor. El menor o incapaz  puede di-
rectamente poner en su  conocimiento de los hechos al Minis-
terio Público.

          Art. 307.- Identificación y antecedentes. Recibida
la declaración, se remitirá a la  oficina respectiva los da-
tos personales del imputado y se  ordenará que se  proceda a
su identificación. La oficina remitirá en triple ejemplar la
planilla que se confeccione, uno se agregará al expediente y
los otros se utilizarán para  cumplir con los arts. 2º, 3º y
4º de la Ley Nacional Nº 22.117.

         Art. 317.- Obligación de denunciar: excepción. Ten-
drán obligación de denunciar los  delitos perseguibles de o-
ficio:

         1) Los funcionarios o  empleados públicos  que  los
conozcan en el ejercicio de sus funciones.
         2) Los  médicos, parteras,  farmacéuticos  y  demás
personas que ejerzan  cualquier ramo  del arte de curar, que
conozcan  esos hechos  al prestar  los auxilios de su profe-
sión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos esté por
la ley bajo el amparo del secreto profesional.
         3) Los  médicos, psicólogos, odontólogos,  y  demás
profesionales o personal de la salud o de la educación cuan-
do tengan motivos para creer que un menor de dieciocho  años
ha sufrido abuso físico o mental o malos tratos. En este ca-
so se aplicará también lo dispuesto por la Ley Provincial Nº
6.518(B.O. 12/01/94).

         Art. 319.- Denuncia ante  el Fiscal de Instrucción.
Cuando proceda la investigación Fiscal preparatoria, el Fis-
cal que reciba la denuncia  actuará de inmediato. Si se tra-
tare de hecho  por el que procede investigación jurisdiccio-
nal, el Fiscal formulará requerimiento conforme al art. 341,
en el plazo de tres días, salvo que por la urgencia del caso
deba actuarse de inmediato.
         Si el Fiscal requiere la desestimación y el Juez no
estuviera de acuerdo, regirá el artículo 359.
         Cuando el Fiscal de Instrucción tomare conocimiento
o  tuviere  noticia de  la existencia de un hecho delictivo,
por cualquier vía de  información, aún sin que exista denun-
cia formal, deberá de inmediato  verificar la seriedad de la
misma y, en su caso proceder a la formación del sumario para
la investigación penal preparatoria.

          Art. 332.- Archivo. El  Fiscal de Instrucción dis-
pondrá, por  decreto fundado, el archivo de  las actuaciones
cuando no se pueda  proceder o cuando  sea manifiesto que el
hecho en ellas contenido no encuadre en una figura penal. En
este  último caso, si  se hubiere imputado a alguna persona,
se procederá  conforme a lo  dispuesto en los  arts. 348 se-
gunda parte y 350 inc. 2.
          En todos los casos, las  partes podrán  oponerse a
la decisión del Fiscal. Cuando mediare discrepancia del Juez
de Instrucción regirá el art. 359.
          El archivo dispuesto por el Juez será apelable por
el querellante que se  hubiera opuesto. Regirá el art. 464 y
si la decisión del Juez fuera revocada, otro  Fiscal de Ins-
trucción proseguirá la investigación.

          Art. 335.- Proposición  de diligencias. Las partes
podrán  proponer diligencias que serán practicadas cuando el
fiscal las considerara pertinentes y útiles; si las rechaza-
ra, podrán ocurrir  ante el Juez de Instrucción en  el plazo
de tres días. El incidente se tramitará por cuerda separada,
sin paralizar las actuaciones  principales, debiendo el Juez
resolver en igual plazo sin recurso alguno.

         Art. 336.- Prisión preventiva. En el  plazo de diez
días a contar desde la  declaración del imputado, el  Fiscal
requerirá al Juez de  Instrucción -motivadamente y con arre-
glo  a  los  requisitos  del  art. 282-  que  dicte  prisión
preventiva, cuando concurran las  causales del  art. 281. El
juez resolverá en  cinco días. La resolución será  apelable,
sin  efecto  suspensivo, por el  Fiscal y  el imputado o  su
defensor.

         Art. 348.- Facultad de sobreseer. El sobreseimiento
total o parcial podrá ser  dictado de oficio  durante la in-
vestigación, sin perjuicio de lo  dispuesto por el art. 370.
En el supuesto  previsto en  el art. 350 inc. 4º, el  sobre-
seimiento  procederá, aún a petición de parte, en  cualquier
estado del proceso.
         En la investigación  fiscal será requerido en forma
fundada por el Fiscal de Instrucción. En  caso de desacuerdo
del Juez, regirá el artículo 359.
         Si hubiere querellante particular, del requerimien-
to Fiscal se correrá vista al  mismo. Igual vista se correrá
del pedido de sobreseimiento formulado por  la defensa en el
caso del art. 350 inc. 4º.

         Art. 356.- Instancias. Las conclusiones del  reque-
rimiento fiscal  serán notificadas al defensor  del imputado
quien podrá, en el plazo de tres días, oponerse a  la eleva-
ción a juicio  instando ante el  Juez de Instrucción el  so-
breseimiento, del que se correrá vista al querellante parti-
cular si lo hubiere; o el cambio de calificación legal.

         Art. 358.- Auto de elevación. El Juez  resolverá la
oposición en el plazo de  cinco días, previa vista a la que-
rella, cuando la defensa instare el sobreseimiento. Si no le
hiciere lugar dispondrá por auto la  elevación de la causa a
juicio, el que  deberá ajustarse a lo  dispuesto por el  ar-
tículo 282. De igual modo procederá si aceptase el cambio de
calificación legal propuesto por la defensa. Si aceptare las
objeciones opuestas por la querella, designará detalladamen-
te los vicios formales u  omisiones y devolverá los autos al
Fiscal para la ampliación o corrección del requerimiento. La
misma será notificada conforme al artículo 356.
         Cuando hubiere varios imputados, la decisión deberá
dictarse con respecto a todos, aunque el derecho que acuerda
el artículo 356 haya  sido ejercido  solo por el defensor de
uno.
         El auto de elevación a juicio será inapelable.

         Art. 359.- Discrepancia. Si el  Fiscal de  Instruc-
ción solicitase el sobreseimiento y el juez no  estuviere de
acuerdo, se elevará las  actuaciones al Fiscal de  Cámara de
Apelaciones. Si este  coincidiera con  lo solicitado  por el
inferior, el Juez resolverá en  tal sentido, siendo su deci-
sión inapelable.
         En caso contrario, el Fiscal de Cámara formulará el
requerimiento de  elevación de la causa a juicio, que trami-
tará con arreglo a este título.

         Art. 361.- Citación a juicio. Recibido el proceso y
verificado, según corresponda, de los previstos en los arts.
355 y 358, el Presidente  del Tribunal  citará, bajo pena de
nulidad, al Fiscal, a las partes y defensores, a fin de  que
en el plazo común de cinco días comparezcan a juicio, exami-
nen las actuaciones, los documentos y  cosas secuestradas  e
interpongan las recusaciones que estimen pertinente.
         En igual plazo, el actor  civil, bajo pena de cadu-
cidad, deberá concretar su demanda.
         De  la  demanda  se  correrá  traslado al demandado
civil quién deberá contestar  en el plazo de  cinco días. En
igual  plazo  podrán  oponerse  las  excepciones  y defensas
civiles que  estimen  pertinentes, pero  el  Tribunal  podrá
diferir su resolución para  el momento  de la sentencia, por
auto  fundado. Las  excepciones  tramitarán  por   separado,
conforme a las reglas del Código Procesal Civil y Comercial,
sin paralizar el curso  de  la causa hasta la fijación de la
fecha  de  debate. Aún  cuando   estuviesen  pendientes   de
resolución  las  excepciones,  las  partes  civiles  deberán
ofrecer  su  prueba,  bajo  pena  de  caducidad, en el plazo
fijado por el art. 363 C.P.P.

         Art. 404.- Resumen  o  versión. En  las  causas  de
prueba compleja, a petición de  parte o  cuando la Cámara lo
estimara conveniente, el Secretario resumirá al final de ca-
da declaración o dictamen, la parte  sustancial que deba te-
nerse en cuenta. También, a pedido de parte, se ordenará, la
grabación , o la  versión taquigráfica  total o  parcial del
debate.

         Art. 450.- Adhesión. El que  tenga derecho a  recu-
rrir podrá adherir, al recurso concedido a otro, siempre que
tenga el mismo interés y exprese bajo  pena de inadmisibili-
dad, los motivos en que se funda.

         Art. 460.- Resoluciones apelables. El recurso de a-
pelación  procederá tan solo contra las  resoluciones de los
Jueces de Instrucción, siempre que  expresamente sean decla-
radas apelables o causen gravámenes irreparables.

         Art. 462.- Emplazamiento. Concedido  el recurso, se
elevarán los  autos al Tribunal  de Alzada el que  emplazará
las partes para que comparezcan en el plazo de tres días. Al
comparecer deberá  manifestar si  informará  oralmente (art.
466).

         Art. 471.- Recursos del  querellante particular. El
querellante particular podrá impugnar las sentencias mencio-
nadas en los  incisos 1º y 2º del artículo  anterior. Además
en los casos de los incisos 3º y 4º cuando lo hiciere el Mi-
nisterio Público.

         Art. 475.- Proveído. El Tribunal  proveerá  lo  que
corresponda en el plazo de tres días, de acuerdo con el art.
455.
         Cuando el recurso sea concedido se elevará inmedia-
tamente el expediente a la Corte Suprema de Justicia.

         Art. 476.- Trámite. Elevada  la causa  por ante  la
Corte Suprema, el Presidente  dictará la  providencia de au-
tos.
         Dentro de  los diez días de la notificación de esta
providencia, las  partes podrán  presentar una memoria sobre
el recurso, excepto que el recurso de casación haya sido in-
terpuesto por  el Ministerio Público (art. 470) en cuyo caso
se aplicará exclusivamente el artículo subsiguiente.

         Art. 477.- Estudio. Plazo de  la sentencia. Vencido
el término del  artículo anterior o en el caso de los recur-
sos del  Ministerio  Público (art. 470), previa vista al Mi-
nisterio Fiscal, la causa pasará a estudio.
         El plazo para dictar sentencia será de noventa (90)
días desde que la causa se encuentre en estado.

         Art. 478.- Votación. Mayoría. Se  aplicará lo esta-
blecido por los arts. 823 y 824 del  Código Procesal Civil y
Comercial y la Ley  Orgánica del Poder Judicial en lo perti-
nente.

         Art. 533.- Embargo a  pedido de parte. El actor ci-
vil podrá  pedir el embargo de bienes del imputado y del de-
mandado civil a fin de garantizar  el pago de  la indemniza-
ción que pudiere corresponder.
         Su procedencia se  regirá de conformidad a  los re-
quisitos exigidos por el Código Procesal Civil y Comercial.
   Art. 2º.- Incorpórase a la Ley Nº 6.203, (Código Procesal
Penal de  Tucumán) y  sus  modificatorias, como  artículo 96
bis, el siguiente:

         Art. 96 Bis.- Cuando la  investigación se refiera a
delitos que  afectasen intereses  colectivos o  difusos, las
personas  jurídicas cuyo  objeto sea la  protección del bien
tutelado  en la  figura penal, tendrán  la legitimación a la
que se hace referencia en el presente capítulo.

   Art. 3º.- Derógase el Art. 35 de  la Ley Nº 6.203 (Código
Procesal Penal de Tucumán) y sus modificatorias.

   Art. 4º.- Autorízase  al Poder  Ejecutivo a  realizar  el
texto ordenado de  la Ley Nº 6.203 (Código Procesal Penal de
Tucumán) y sus modificatorias.

   Art. 5º.- Comuníquese.

   Dada en la  Sala de Sesiones de  la Honorable Legislatura
de la Provincia de  Tucumán, a los  veinte días  del  mes de
octubre de mil novecientos noventa y ocho.-